El juez federal Alejo Ramos Padilla le exigió a la Jefatura de Gabinete que asegure recursos y servicios esenciales. Alertó sobre posibles demoras o interrupciones en pericias vinculadas a causas por apropiación de menores durante la dictadura.
La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad denunciaran una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa que podría derivar en la paralización de tareas periciales clave para investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar.
El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional y dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo.
La resolución sostiene que la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos amenaza directamente el desarrollo de pericias genéticas esenciales para investigaciones judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y al derecho a la identidad.
